Sindicato, trabajadores, gobierno, y propiedad privada en Cuba.

Tomado del Facebook de Carlos Aristides Luque

“un obrero me ve, me llama artista, 
Noblemente me suma a su estatura…”

No se trata sólo de los que hablan de una desaparición de la CTC. Los hay quienes alientan a que sobrevengan contradicciones antagónicas entre el mundo sindical y el gobierno, dicen que en favor de los trabajadores. Es muy curioso, porque a la vez algunos representantes de estas posturas alientan y pugnan o apoyan en sus comentarios por un desarrollo de la propiedad privada que no es, ni puede ser, compatible con el socialismo, ni mucho menos, con los intereses genuinos de los trabajadores.

La afirmación anterior amerita una precisión. Nuestros documentos políticos rectores, entre ellos el mayor, la carta magna, refrenda el uso válido de una suite mixta de formas de propiedad en la economía cubana, entre la que destaca, por su inédita inserción en el proyecto de socialismo cubano, la privada. Y apoya a esta última, además, una exhortación partidista a no demonizarla, con la que este comentarista está de acuerdo. Cuando hablamos, pues, y esta es la precisión, de un desarrollo de este tipo de propiedad que no sería compatible con el proyecto socialista, nos referimos a un despliegue que pugne por hacerse prevaleciente con respecto a la propiedad social, con respecto a la cual este comentarista opina que, aunque en dinámico desarrollo, ahora está representada por la propiedad que llamamos estatal.

Y ello también está refrendado en nuestra nueva constitución. Nos referimos, pues, a aquellos opinantes de diversas formaciones, también economistas, antiguos funcionarios e incluso algunos intelectuales que responden a la leyenda negra anti socialista que impugna a la propiedad estatal y social, por naturaleza, como inferior a cualquier otro tipo de propiedad, y en especial, a favor de una ventaja intrínseca de la privada solo por serlo. Es esa corriente la que, al analizar cualquier problemática cubana, siempre acaba su propuesta de solución en un corolario repetido hasta el cansancio: que las soluciones mágicas vienen de la mano de un desarrollo acelerado y sin límites de la propiedad privada y a la vez, la desacreditación consiguiente de la estatal.

Por mucho que en las condiciones actuales en que Cuba tiene que insertarse en la economía mundial capitalista, (en realidad, continuar ese proceso, pero en las específicas y complejas condiciones de este minuto histórico), y en virtud de ello necesitemos adoptar como parte del camino a la propiedad estrictamente privada, no podemos dejar de reconocer en la esfera del pensamiento, ni en su concreción práctica, que el propietario privado, dueño de cierto capital y medios de producción, no es ni pertenece a la clase trabajadora. Todo lo contrario, es un ente que se aprovecha de la necesidad que tiene el trabajador de vender su fuerza de trabajo, y obtiene de él un plus valor que no le paga, en virtud de una injusticia: que es ser dueño de algo que debe ser común: la riqueza social.

Por lo tanto, mientras ni el gobierno ni el Partido cubanos estén formados por representantes de los propietarios privados, mientras la dimensión del control de la economía que alcance la propiedad privada no le otorgue acceso a influir y presionar en las decisiones políticas del país, mientras los diputados de nuestro parlamento no sean representantes de esos círculos privados, ni hagan lobby por sus intereses, mientras las instituciones del país funcionen en interés de todos, pero teniendo en cuenta que la columna vertebral de nuestra sociedad es la clase trabajadora, el sindicato y el gobierno no tendrán intereses ni conflictividades antagónicas insolubles. Pero con quien sí pueden surgir esas contradicciones es con los intereses gremiales de los propietarios privados. Y por ello el gobierno y el Partido serán tanto más de la clase trabajadora, cuanto más regule y refrene la pulsión inevitable de la propiedad privada por influir cada vez más en la conducción política del país mediante su poder económico.

Yo creo que la racionalidad de las posturas que pretenden crear conflictos sindicato-gobierno-partido, reside en que basan sus paradigmas en las certidumbres impuestas por la cultura capitalista, que es la predominante, y a muchas personas les resulta difícil librarse de esa trampa…ya sea a propósito, sea porque se propongan el desmontaje de cualquier proyecto que presuma anticapitalismo, ya sea por tener colonizado y condicionado el pensamiento.

Con respecto a un gobierno como el nuestro, y a un partido como el nuestro, no existe por principio, ni lo hay en la práctica, el mismo tipo de antagonismo o enfrentamiento entre, por una parte, los trabajadores (sus sindicatos, por ejemplo) y el gobierno por la otra. Al menos mientras en la práctica, en los hechos, el gobierno demuestre cada día que cada acción suya tiene como objetivo satisfacer los intereses de la sociedad toda y, en especial, cumpla su función como órgano representante de los trabajadores.

(Aquí otra precisión necesaria: la constitución refrenda que la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado cubanos, el Partido Comunista de Cuba, está formado por la vanguardia de la nación cubana. A la vez, no hay que perder nunca de vista los principios básicos medulares que rigen su actuación resumidos y remitidos al legado de Marx, Lenin, Martí y Fidel. Así pues, el hecho de que se emplee el concepto de Nación y no de clase trabajadora, ha servido para que algunos adversarios ideológicos, – y en ellos nada de ingenuidad, o desconocimiento, o mero afán de sobresalir en las redes alimentando el ego personal – especulen que el Partido Comunista abandona su responsabilidad de guiar su actuación por los intereses de los trabajadores, o que exista la probabilidad de que sitúe otros intereses, por encima o lesivos a los intereses de los trabajadores.)

Para refutar esa interesada especie, téngase en cuenta que no es posible la existencia de la Nación cubana, ni de ninguna otra, sin la existencia de una parte de su pueblo que cree la riqueza, los bienes materiales que hacen incluso posible los bienes espirituales, la construcción de toda su cultura, y la defensa de ese mismo espacio geográfico donde ella radica. Sigue siendo vigente, al menos en el estado actual de esta civilización que no hay Nación sin Trabajo, como no hay Nación sin independencia y soberanía. Clase trabajadora, formada por supuesto, por todo el que genere bienes, materiales o espirituales, manuales o intelectuales, con su propio esfuerzo, y sin explotar el empleo de la energía ajena.

La óptica que piensa en términos de una oposición de intereses entre clase trabajadora y gobierno en Cuba, está inficionada, y condicionada, por la natural conflictividad antagónica que en las sociedades capitalistas y sus falsas democracias existe entre el mundo trabajador, y estados y gobiernos cuya función principal es garantizar la propiedad privada y la gobernabilidad para hacer posible la continuidad de la explotación, y, por lo tanto, no gobiernan ni para los intereses de los trabajadores ni mucho menos para sus sociedades todas. No se puede, sin cometer error de mucho bulto, extrapolar las condiciones en que viven y trabajan los que producen en aquel mundo, al nuestro.

Por otra parte, tampoco se puede ocultar el hecho objetivo de que la clase trabajadora en una sociedad como la cubana, produce un plusvalor del que no se apropia directamente. Pero en ese caso no se puede hablar de una explotación de carácter capitalista, mientras no se apropie de ella, precisamente, una entidad capitalista. En Cuba la plusvalía generada se revierte a favor de toda la sociedad mediante las vías institucionales al efecto, en un proceso que precisamente controla el estado y el gobierno en bien de todos.

Debemos pues mirar de frente la contradicción existente para continuar la marcha compleja de concebir y construir el socialismo en esas condiciones y a la vez defender un concepto clave: el sindicalismo cubano no es ni puede ser el sindicalismo de las sociedades capitalistas. La propiedad privada tampoco devenir en la probabilidad de cumplir las funciones políticas de aquellas realidades.

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