¿Tiene Colombia moral para enjuiciar a Venezuela?

Por: Marco Velázquez Cristo.

La Colombia que hoy se muestra preocupada por la situación de los derechos humanos en Venezuela que, presta su territorio para infames provocaciones contra esa hermana nación argumentando desvelo por una fabricada crisis humanitaria en la misma, tiene muchísimos más problemas en esos campos que los que le señala a su vecino.

Es un ejercicio de cinismo, inmoralidad y vasallaje al imperio lo que está haciendo el gobierno Colombiano, al igual que los que lo acompañan en esta brutal agresión al pueblo venezolano.

Algunas informaciones de interés que aporta el Informe de la situación de Derechos Humanos en Colombia 2013-2017 publicado en 2018.

“En 2017, el Gobierno rechazó las solicitudes de visita del Relator Especial sobre DDHH de los Desplazados Internos y de la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a pesar de la invitación permanente que tienen estos relatores. Tampoco han sido aceptadas las visitas del Grupo de Trabajo (GT) sobre Mercenarios ni del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de la ONU”.

“Colombia no ha ratificado los protocolos facultativos del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ni del Comité contra la Tortura (CAT). En sus Observaciones finales, los Comités contra la Desaparición Forzada, el Comité para la eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y el CAT instaron al Estado colombiano a aceptar sus competencias en procedimientos de comunicaciones e investigación”.

“Los grupos neoparamilitares [tienen presencia en 31 de los 32 departamentos de Colombia] siguen cometiendo violaciones graves y masivas a los derechos humanos (DDHH) y al derecho internacional humanitario (DIH): asesinatos de líderes [431 desde 2016 a diciembre de 2018, año en que fueron ultimados 172 ], reclutamiento infantil, siembra de minas antipersonales, desplazamientos forzados [7.9 millones de personas desplazadas la segunda mayor cifra en el mundo ] y confinamientos de las comunidades”.

El Estado colombiano no reconoce estos problemas del neoparamilitarismo, sus vínculos a nivel local y regional con sectores políticos, económicos y con la Fuerza Pública”.

“Una de las violaciones de DDHH más graves y masivas en Colombia ha sido la “privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga [2 248 víctimas identificadas entre 1988 y 2014]”.

“La falta de servicios de salud ha sido la causa de la muerte de centenares de reclusos y la multiplicación de casos de epidemia (…) Es frecuente el uso arbitrario de gas lacrimógeno y pimienta en el interior de las celdas”.

Fuera del informe: Según documento del gobierno de Colombia en el año 2017, el porcentaje de personas clasificadas en pobreza extrema con respecto a la población total nacional se estimaba en el 7,4%. En ese año la población del país suramericano era de 49 291 929 habitantes por lo tanto 3 647 602 personas vivían en esas condiciones. Hoy son más.

Pudiéramos agregar algunos datos pero los mencionados por sí solos bastan para demostrar que, no es la preocupación humanitaria la que mueve al gobierno colombiano sino su subordinación incondicional a los interés del imperio al que le lame las botas.

La que debería estar en el banquillo de los acusados es Colombia y no Venezuela, pero ni a EE.UU., ni a sus lacayos les importa la vida y los padecimientos de los seres humanos, son conocidos los resortes que los mueven, por eso invisibilizan la situación de los millones de colombianos que sí necesitan una verdadera ayuda humanitaria.

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